Desmitificando el tema de la Deuda Externa Argentina

Debería empezar aclarando que no soy ni economista, ni abogado ni contador. No tengo una formación académica formal suficiente que me permita explicar en detalle particularidades técnicas del endeudamiento Argentino desde 1976 a la fecha. Justamente a raíz de esto, es que mi intención no es dar algún enfoque legal o técnico en particular o novedoso de la cuestión, sino más bien difundir lo hecho hasta ahora, intentando no marear al lector con cuestiones técnicas, de la forma más objetiva posible. Tomo como fecha de partida de éste racconto el año 1976 porque la Causa Olmos analiza el período comprendido entre los años 1976-1982, teniendo en cuenta que el endeudamiento externo en ese período creció alrededor de $40 mil millones de dólares. Más allá de la ideología de cualquiera de las personas que han investigado e investigan la deuda externa, hay hechos - bastante contundentes – que deben ser sabidos por la población toda. Espero que este documento sea leído con una mentalidad abierta y sin prejuicios políticos o de clase.

En una primera aproximación al tema, pensé que cuestionar la legitimidad de la deuda externa era otro “invento argentino”, que se trataba de algo que había surgido en nuestro país producto de nuestra costumbre de buscar a quién echarle la culpa de los problemas, en vez de encararlos y solucionarlos.

Descubrí que existe el “Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo”, fundado en Bélgica. La Federación Luterana Mundial se encarga también de la deuda ilegítima. Brasil está llevando a cabo una investigación en el Congreso de su deuda externa. La Argentina hasta el año 2009 era el único país del mundo que contaba con una investigación judicial de su Deuda externa en la cual fue demostrada la ilegitimidad de gran parte de ella. Noruega se convirtió, en 2006, en el primer país que aceptó el concepto de corresponsabilidad como acreedor al cancelar unilateral e incondicionalmente la deuda de cinco países en desarrollo tras el fracaso de un sistema de crédito para exportaciones a finales de los 70.

El monumental endeudamiento externo del período 1976/1982 y las consecuencias posteriores del mismo es similar en todos los países de la región y en países de África. ¿Porqué en ese momento y porqué los países Latinoamericanos y Africanos?

A raíz de la crisis del petróleo la década del ´70 los países productores de petróleo de medio oriente (que aumentaron el precio del barril de U$S 1.80 a alrededor de U$S 20.- en 10 años), se encontraron de golpe con una enorme cantidad de dinero que colocaron en la banca internacional para que lo hicieran “trabajar”. No había mejor lugar en donde ofrecer ese exceso de liquidez que a los países en desarrollo. Hubo mucha facilidad de acceder a crédito y a unos intereses muy bajos. En la década del ´70, América Latina por sí sola recibió alrededor de U$S 300.000 millones de dólares, a una tasa de interés de alrededor del 6% (tasa que se había mantenido prácticamente inalterable en la década del ´60). Para intentar enfriar la economía de los Estados Unidos, la FED (el banco central Norteamericano) eleva las tasas de interés en distintas oportunidades. En la década del ´60 los cambios de la tasa eran – aproximadamente – de 1% o 2% al año, con incrementos que no superaban los 0,50% por año. En la década del 70 se producen más cambios por año que en décadas anteriores y con variaciones de año a año del 1 al 1,5%. La tasa va en aumento durante casi toda la década del ´70, llegando a un pico en Diciembre de 1980 de 21,5%. El efecto de dicho aumento produjo un encarecimiento de todos los préstamos adquiridos por los países en desarrollo, aumentando los intereses que debían pagar por dichos créditos en el mismo porcentaje en un brevísimo lapso de tiempo. Se calcula que durante la década de los ´90, América Latina pagó alrededor de US$ 785 mil millones de dólares en concepto – solamente – de intereses. Esto es, en muy resumidas cuentas, lo que se conoce como la “Doctrina Espeche”.

Precio del Petróleo – Histórico:

Tasa de interés FED:

Preguntas como “¿A quién se le debe? ¿Por qué se debe?”, ya no se formulan en la sociedad Argentina. Se informa en los medios de comunicación acerca de los vencimientos, de los montos de la deuda, de lo que el país tiene que pagar en tal o cual año. No es un tema que se cuestione; la deuda externa Argentina es simplemente, un hecho más, una realidad que debemos enfrentar año a año. Algunas voces débiles se escuchan emitiendo opiniones distintas, pero nada que logre la primera plana de ningún diario ni un tratamiento exhaustivo. Por pensarse que se trata de un tema exclusivamente de “izquierda” u otras cuestiones, se desmerecen ciertos informes que profundizan su análisis.

A diferencia de otras épocas, la información está disponible a algunos clicks de distancia. Ante tanta información en la web al respecto, ¿qué cosas podemos creer? ¿Qué argumentos tienen las pruebas suficientes para ser considerados válidos?

Para empezar, deberíamos remitirnos al fallo del Juez Federal Jorge Ballesteros en la causa 14.467, caratulada “Olmos, Alejandro s/ denuncia”, en el cual se comprobaron 477 irregularidades de magnitud sustancial como el incumplimiento de la Carta Orgánica del BCRA, la prórroga indebida de la jurisdicción de jueces extranjeros, la inexistencia de registros contables y el descontrol de la deuda contraída por empresas con avales del estado - entre otras irregularidades – en el período 1976-1982.

Aunque resulte increíble, ni si quiera el Banco Central de la República Argentina contaba con información precisa respecto al endeudamiento del País. Según consta en la causa, el BCRA informaba que “los estados de la deuda externa total surgen del cómputo de informaciones provistas por los deudores [empresas endeudadas con avales del estado] con finalidad estrictamente estadística, por lo que no constituyen registros de carácter contable”. En otra nota, respondiendo una vez más respecto a dichos avales del estado en distintas operaciones de la deuda externa, el director del BCRA expresaba: “…la institución a mi cargo no cuenta con estudios ni elementos que permitan componer un registro completo de los avales otorgados por el Sector Público como asimismo informar sobre la responsabilidad patrimonial asumida por el Estado durante los años 1976/83 ante el eventual incumplimiento de las obligaciones principales”. Ante esto, el Juez le ordenó al BCRA realizar tal relevamiento. El presidente del BCRA, Dr. Julio Gonzalez del Solar respondió que “no lo consideraba necesario para los fines estadísticos & operativos de la institución”, además de esgrimir que tal relevamiento, sería muy costoso.

Para exponer de manera un poco más clara y acabada lo investigado en la causa, transcribo las conclusiones del Juez Federal Jorge Ballesteros en su fallo:

“Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por la empresas del Estado.

Todo ello se advirtió en no menos de cuatrocientos setenta y siete oportunidades, número mínimo de hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés préstamos externos concertados por YPF, treinta y cuatro operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y veinte operaciones avaladas por el Tesoro Nacional que no fueron satisfechas a su vencimiento. A ellos deben agregarse los préstamos tomados a través del resto de las empresas del Estado y sus organismos, así como el endeudamiento del sector privado que se hizo público a través del régimen del seguro de cambio.

Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio. La existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976 no podían pasar desapercibidos en autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones económicas.

Ahora bien, toda vez que la única persona que fuera procesada en esta investigación resultó sobreseída en virtud de operar la prescripción de la acción penal, previo archivo de las actuaciones habré de efectuar una serie de consideraciones que estimo pertinentes, dada la trascendencia del objeto procesal investigado en este expediente.

En primer lugar, el archivo de la presente causa no debe resultar impedimento para que los miembros del Honorable Congreso de la Nación evalúen las consecuencias a las que se han arribado en las actuaciones labradas en este Tribunal para determinar la eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino.

En dicha inteligencia el Sr. Fiscal en su dictamen donde solicita el cierre de las actuaciones acertadamente advierte que dos posibilidades existían cuando en el mes de abril de 1982 se inició la presente causa, sostener que se trataba de una cuestión política no judiciable y archivar la causa allí sin realizar investigación alguna, o bien abordar la investigación para recién luego arribar a tal conclusión; creo, entonces, que en ese momento nos encontramos ya que ninguna duda cabe en cuanto a la dirigida política-económica adversa a los intereses de la Nación se llevó adelante en el período 1976/83.

En tal sentido los importantes peritajes realizados por notables expertos en materia económica a lo largo del desarrollo de esta investigación podrán servir de imponderable ayuda para los legisladores, lo cual habrá de justificar la extensión de la presente, so pretexto de acercar en forma armoniosa y rápida en un único documento las cuestiones sustanciales que se fueron elaborando, de allí el excesivo tiempo que ha insumido su preparación, en la que sólo pudo contarse con un asistente técnico-económico para su compulsa y redacción.

Así pues, deseo recalcar la importancia que pudieran llegar a tener cada una de las actuaciones que se sustanciaron en el desarrollo de este sumario, las que, sin lugar a dudas, resultarán piedra fundamental del análisis que efectué para verificar la legitimidad de cada uno de los créditos que originaron la deuda externa argentina.

El gobierno constitucional, en junio de 1984, se dirigió al Fondo Monetario Internacional exponiendo la situación heredada, el deterioro económico a partir del fracaso de la política en ese sentido practicada durante el gobierno de facto, reclamando condiciones más adecuadas para cumplir los compromisos. Tal vez ha llegado el momento de reiterar similar petición para lograr una reducción en los costos financieros de la deuda, sin perjuicio de otras ventajas que pudieran obtenerse de los países acreedores; pero, como se va esbozando, resultan otros los poderes llamados a tomar tan complejas decisiones.

Es por estas razones que remitiré copia de la presente resolución al Honorable Congreso de la Nación para que, a través de las comisiones respectivas, adopte las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de Nación que, reitero, ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados —nacionales y extranjeros— en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas.

En efecto, debe recordarse que el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional, con lo cual aparecería de buen grado una nueva asistencia que mejorara sustancialmente la actual posición económica que luce el país, dando así razón a su controvertida existencia.”

Para entender a qué se refiere cuando se habla de nacionalización de deudas privadas, cito de la introducción de Alejandro Olmos Gaona del año 2003 del libro “Todo lo que Usted quiso saber de la deuda externa y siempre se lo ocultaron” de Alejandro Olmos:

“No debe olvidarse como partícipe destacado del fraude de la deuda al empresariado, que obtuvo abultadas ganancias a través de la estatización de la deuda en 1982, perfeccionada en 1985 y concluido su arreglo definitivo en 1992. Los responsables de los grandes grupos empresarios que continuamente hablan de la ineficiencia del Estado y lo han presionado durante décadas para vivir a sus expensas, transfiriéndole sus desafortunados negocios, obteniendo financiación para sus aventuras especulativas, tolerancia y comprensión para las operaciones fraudulentas que se llevaron a cabo, realizaron una fuga de capitales superior a los 120.000 millones de dólares, sustraídos al circuito de la producción y que no generan rédito alguno nada más que a sus usufructuarios. Ese estado tan vilipendiado ha tolerado que la parte sustancial de los créditos de los Bancos se destine a un conocido conjunto de empresas que son las eternas beneficiarias de un sistema prebendario y corrupto.

Un ejemplo paradigmático del sistema de lo que podríamos llamar “subsidios estatales sin retorno”, es el caso del célebre fundador de Loma Negra, S.A., Alfredo Fortabat. En 1935, la deuda incobrable con el Banco de la Nación era de $12.500.000. Una cifra astronómica para la época. Posteriormente, a través de diversos mecanismos siguió transfiriendo deudas al Estado y licuando pasivos. Ese viejo ardid tuvo su correlato en las últimas décadas con empresas como Aluar, Cargill, Renault Argentina, Suchard, Cogasco, IMPSA, etc.”

Dos ejemplos más recientes de procedimiento similares:

Cementos NOA: “De acuerdo con las presentaciones efectuadas oportunamente en el Banco Central, el total de la deuda pendiente de pago con el exterior que debía ser asumida por el estado al 31 de Octubre 1983, ascendía a la suma de 50.565.980 dólares. Los inspectores descubrieron, sobre la base de la documentación verificada, que sólo ingresaron al país 6.169.086, es decir el 12,20% entregado por el Banco Exterior de España, para la compra de maquinarias. El resto adeudado, más de 44 millones de dólares, jamás ingresaron y debieron ser asumidos por el estado”. (Alejandro Olmos Gaona, “Todo lo que Usted…”)

Cogasco, S.A.: “Esta empresa fue estructurada con el objeto de construir el gasoducto centro-oeste (Mendoza-Neuquén) estando controlada por la empresa NACAP de Holanda. Se obtuvo un préstamo por 918 millones de dólares del AMRO Bank (Holandés), de los cuales ingresaron 292 millones, siendo depositado el resto en el exterior. Eso determinó que la empresa utilizara los fondos, no para sus fines específicos, sino para operaciones de pase y especulación con divisas, obteniendo importantes diferencias de cambios. (…) El grupo NACAP quebró y sus acciones pasaron al AMRO Bank. Las maniobras realizadas por la empresa (incumplimientos contractuales, especulación de divisas, consignar fondos que nunca llegaron, etc.), llevaron a los inspectores a determinar que debían darse de baja del registro de la deuda la suma de 918 millones de dólares, debido a “fondos no ingresados al país y no reconocimiento de cláusulas contractuales sobre los tipos de pases”. Sin embargo, Carlos Melconian – Jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco central – elevó un informe a la gerencia de Estudios y Estadísticas del Sector Externo donde consignaba que de conformidad con lo indicado por los inspectores debía darse de baja de los registros la deuda de 918 millones de dólares, agregando: `No obstante la baja comentada, debe señalarse que sobre la base de los lineamientos para un acuerdo final sobre el contrato del gasoducto centro-oeste, serán refinanciados dentro del marco del Club de París los atrasos que Gas del Estado tenía con Cogasco, S.A. al 31 de diciembre 1985´. Eso implica registrar como deuda de la República Argentina las correspondientes obligaciones de Cogasco por alrededor de 955 millones de dólares. Esto se elevó a la Comisión Nº2 del Directorio del Banco, quien lo aprobó con las firmas de sus directores - Daniel Marx & Roberto Elbaum – siendo ratificado por el Dr. Marcelo Kigel, vicepresidente del Banco en ejercicio de la Presidencia.” (Alejandro Olmos Gaona “Todo lo que Usted…”).

Como el fallo fue remitido a ambas cámaras, busqué en las páginas de la Cámara de Diputados y de Senadores los distintos proyectos presentados con la finalidad de investigar la deuda y hacer un seguimiento de la causa Olmos en el recinto. Lamentablemente los archivos de ambas cámaras llegan solamente hasta el año 1999. Sin embargo esto, me fue posible apreciar ciertas cosas acerca del comportamiento del Poder Legislativo.

El fallo tiene fecha del 13 de Julio de 2000. Hasta la fecha – Octubre 2009 - existieron varios intentos – todos frustrados – de conformar un comité o una comisión investigadora de la deuda externa. La minoría de estos proyectos no fueron aprobados y, la mayoría ni siquiera fueron tratados en el recinto. En los casos en los cuales sí fue tratado algún proyecto, la operación era más o menos la siguiente: el tratamiento del proyecto se realizaba muy avanzada la sesión; la concurrencia al recinto era de por sí, escasa; pide la palabra un legislador que, en vez de expresarse puntualmente sobre el proyecto a tratar, decide contar la historia del endeudamiento del país desde la Baring Brothers, habla de artículos “muy interesantes” de algún diario respecto al tema de la deuda, o de la constitución. Mientras otros legisladores piden pasar a votar de inmediato, este Legislador, insiste con su clase de historia. Finalmente, cuando esta persona termina su monólogo, se retira del recinto. Habiéndose retirado ya otros legisladores a esa altura de la sesión, no hay quórum en el recinto para aprobar el proyecto (A modo de ejemplo, ver Reunión No. 37 - 11a. Sesión ORDINARIA celebrada el 07/11/2001). Lo que resulta paradójico en este caso puntual (Reunión No. 37 en Diputados), es que la persona que dictó la clase de historia, que demoró la votación, era el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a la cual el fallo había sido girado y comisión en la cual durmió por un año hasta que pasó a archivo. Como dijera el Diputado Alfredo Bravo en esa reunión:

“Ahora estamos sin quórum y esto me lleva a preguntar si cada vez que tenemos que tratar un tema como este vamos a hacer historia antigua o prehistoria, empezando desde el empréstito de Rivadavia, siguiendo por el canal del Bermejo, a lo mejor llegamos por el Paraná a Buenos Aires y después en Buenos Aires vamos a empezar a contar quiénes son los gobiernos de facto que han intervenido. Creo que todo esto no escapa a ningún señor diputado porque está en la versación político-institucional de cada uno la historia de nuestro país. Que algunos quieran poner los elementos de explicación, de defensa o de reflexión sobre estos motivos, me parece que es lógico, porque para eso está el debate, pero seamos concretos. Nos vamos a retirar de esta sesión sin que se apruebe el proyecto de resolución por el que se crea la comisión, porque se han retirado hombres pertenecientes no sólo a la bancada oficialista sino también a la supuestamente opositora, a quienes pareciera no interesarles la deuda externa del país. Si todos sabemos lo que esto significa hoy, deberíamos retirarnos de este recinto luego de que se apruebe la creación de la comisión. Por lo tanto, a fin de evitar esta discusión absurda en la que se apela a la historia cuando la realidad nos está agobiando y cada día más nos impide respirar, solicito al señor presidente que en uso de las facultades que le confiere el reglamento invite a la Cámara a pasar a cuarto intermedio. Así terminaremos con esta reunión porque es mucho más bochornoso que los representantes del pueblo no se preocupen ni quieran investigar algo que está cargando sobre las espaldas del pueblo.”

Lamentablemente, en 26 años de democracia, ha prevalecido el ´bochorno´ descripto más arriba.

Es oportuno aclarar que constitucionalmente le corresponde al Congreso “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación” (Constitución Nacional, Art. 75, Inc. 7º).

De lo que he podido leer hasta ahora en ambas cámaras, me gustaría rescatar el proyecto de Ley instituyendo el comité del estado Argentino para arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación, de los senadores Curletti & Moro del año 2003 (Proyecto S-1205/03). En los fundamentos de dicho proyecto y en relación a las atribuciones del Congreso, los Senadores Curletti & Moro expresan:

“El arreglo de la deuda no es potestad delegada sino compartida y en este sentido debe actuarse por cuanto el arreglo, implica en sí la sujeción "estar sujeta la cosa" a un orden predeterminado, lo que equivale a un marco o escenario posible donde los actores asumen responsabilidades concretas. (…) La Ley 22.520 en su artículo 19 determina en relación al Ministerio de Economía que corresponde a esa cartera "entender en la conducción de la Tesorería en el régimen de pagos y en la deuda pública" (inciso 5°) y entender en las negociaciones internacionales de naturaleza monetaria y financiera y en las relaciones con los organismos monetarios y financieros internacionales" (inciso 26), facultades legales que no se discuten sino que se ordenan en función de la prioridad constitucional. (…)Al Ministerio de Economía la norma le asigna la aptitud en tanto al Legislativo se le asigna la responsabilidad de ocuparse, de solucionar, función que debe ser compartida y no sólo asumida por una de las partes.”

En relación al endeudamiento en sí, los Senadores expresaron lo siguiente:

“Analizando los diferentes tratamientos que han encarado las autoridades económicas de distintas gestiones de gobierno, se comprueba que en ninguna etapa se analizó la composición de la misma, su origen y evolución, aceptándose per se las imposiciones provenientes de los acreedores.”

(…)

“Analizada la estructura de la deuda, se verifican variaciones en cuanto a su composición comprobándose que, mientras para el sector público no financiero las obligaciones crecieron en un 62%, para el sector privado registró un incremento de 943% siendo el incremento del sector
financiero un 388 por ciento”

(…)

“el ingreso y egreso de capitales registró un incremento del 3200% durante el período 1975-1986 (…) en tanto, la salida de U$S 13,500.- millones no fue computada como pago, ignorándose el destino y la aplicación específica”

“Han quedado sin explicación también, cuestiones muy comprometedoras como el hecho de que la deuda de empresas extranjeras representa, como mínimo, el 15% de la deuda total y ha sido constituida por asientos contables entre empresas y bancos de un mismo grupo o entre la casa matriz y las filiales, lo que claramente, constituye transferencias intrafirmas que los argentinos pagamos como deuda propia.”

(…)

“Existe una clara evasión de capitales que, incluso el Morgan Guarantee Trust de Nueva York, ha señalado al sostener que `en 1985 la deuda externa total de Argentina era de 50.000 millones de dólares, pero si se le suprimiera la evasión de capitales, se reduciría a 1.000 millones´”.

A pesar de lo mencionado en el proyecto, el mismo caducó el 28 de Febrero de 2005.

En estos años no ha habido voluntad política de encarar el tema. Ninguno de los gobiernos democráticos se ha dedicado a investigar el origen y legitimidad, a pesar de que – por lo menos – un manto de duda cubre la cuestión. El problema es que no estamos hablando de un hecho aislado, que pasó en un momento puntual: es una estafa que no pierde vigencia, por las crónicas negociaciones y renegociaciones de la deuda - que siempre aumenta en capital y en intereses, independientemente de los supuestos beneficios temporarios. Lo que se ha hecho, es lo que se hace siempre: patear el problema para adelante, sacarse el problema de encima para que “alguien más” lo solucione, algún día. Mientras tanto, pasa el tiempo y la deuda nunca se reduce, siempre crece. Evidentemente, el tema toca intereses muy importantes (de grupos nacionales y multinacionales, de empresas y de personas que aún al día de hoy ostentan posiciones predominantes de poder). Tampoco hay que olvidar que en cada renegociación se pagan jugosas comisiones a bancos, estudios de abogados, consultores, etc. No sería desacertado hablar de una “industria de la deuda”. Y es justamente porque hoy esas personas y esos grupos todavía existan, estén con vida, que debemos proceder para determinar la culpabilidad, no sólo política, sino penal. Es necesario que haya una condena social hacia aquellos que, en vez de manejarse con la responsabilidad que su cargo les requería, actuaron y se manejaron para beneficio propio, y en contra de los intereses del País.

A modo de ejemplo, cito del libro “Todo lo que usted quiso saber…” de Alejandro Olmos, el comportamiento de Guillermo Walter Klein:

“Antes de asumir Klein como Secretario de Estado, en el Ministerio de Martínez de Hoz, su estudio era apoderado de un solo banco: el Scandinavian Enskilda Bank. Posteriormente, entre 1976 & 1984, el mismo estudio era apoderado de 22 bancos. Y de ellos, solamente un banco del país. Los restantes son del exterior y son precisamente los bancos acreedores de nuestra deuda externa”.

Esto no solamente pasaba en ésa época. Actualmente, los mismos estudios de abogados que asesoran a los acreedores del país, son los mismos que contrató el Gobierno para defendernos ante los acreedores. (Ver nota del diario Crítica de la Argentina titulada “El viejo truco de atender de los dos lados”).

Además de la falta de tratamiento en el Parlamento, de los distintos Gobiernos que se ocuparon de negociar y renegociar en vez de investigar, y de la falta de acción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los medios de comunicación en general han contribuido a esta desinformación. La mayoría de la población desconoce el fallo del Juez Ballesteros, las irregularidades cometidas en el endeudamiento del período investigado en la causa, y las consecuencias que tienen en nuestro presente esos hechos. El cuestionamiento de la legitimidad de la deuda externa no está en la plataforma de ningún partido político. Resumiendo y tomando a cada uno de los actores intervinientes como grupo: ninguno de los gobiernos democráticos investigó; ni el senado ni diputados investigó; ninguna corte suprema de justicia exigió el tratamiento de la causa Olmos en el Congreso; ningún partido político (Peronistas, Radicales, Socialistas, etc.) investigó o le interesa cuestionar la legitimidad. Como habrán notado, se salvan solamente ciertos individuos que sí han hecho su aporte a la investigación de esta cuestión.

El 29 de Septiembre de 2009, se llevó a cabo la conferencia “Abordaje Interreligioso del endeudamiento Público” en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con motivo del lanzamiento del Instituto de Derecho de la Deuda Externa. La presentaban los Dres. Jorge Rizzo, Miguel Espeche Gil, Salvador M. Lozada & Juan G. Labaké. Hubo disertantes de los cultos Católico, Judío, Musulmán & Luterano. Ninguno de los medios reflejó la noticia.

Hoy en día, se habla mucho de los derechos humanos, de la época de la dictadura. La ley de medios fue promocionada por el Gobierno con el pretexto de que era una “ley de la dictadura” que el objetivo de la ley es darle “mayor libertad a todos los argentinos”; el sector del agro fue atacado bajo el pretexto de que “le sacan la comida de la mesa a los argentinos”, que formaban parte de un movimiento golpista, intentando revivir ciertas épocas (en alusión al golpe del ´76). El congreso, el poder ejecutivo y los medios dedicaron infinitas horas, ediciones completas de diarios, sesiones maratónicas en el congreso debatiendo la Ley de medios y la Resolución 125. Sin embargo – como ha quedado registrado en las versiones taquigráficas de las sesiones – todas las iniciativas para investigar la legitimidad de la deuda externa argentina, han quedado muertas. El tratamiento en los medios del tema podría ocupar – apenas – 20 páginas de los diarios o una hora de un programa de televisión…por cable.

Resulta incomprensible que no se vinculen los miles de millones de dólares que se pagan por año en concepto de capital e intereses de la deuda al raquítico desarrollo productivo, a la desigualdad social, a la gente que ha quedado postergada, a los que se mueren de hambre, a aquellos a los cuales no les llegó la “democracia” y que no tienen libertad ni educación, porque no tienen qué comer, con qué abrigarse o una vivienda digna.

Si las clases dirigentes le dedicaran un tercio de su tiempo, de su astucia y de su habilidad demostrada en enriquecerse a investigar este tema, ya se habrían procesado a los culpables, ya se hubieran tomado las medidas necesarias para revertir esta situación, para renegociar nuestra deuda en serio, con los demoledores argumentos planteados por distintas organizaciones y distintos sectores. Cuando se renegocia una deuda, se habla de lo que se pagará en el próximo año, el siguiente, o del oxígeno que le da a ese gobierno, pero nunca se menciona que en 30 años vamos a pagar, por ejemplo, U$S 55 mil millones más (Megacanje 2001). ¿No le caben responsabilidades a los distintos Presidentes, Ministros de Economía, Directores del Banco Central, etc., que constantemente aumentan la deuda embargando el futuro del país? Va a llegar un momento que la pelota va a ser tan grande que no van a poder patearla – una vez más – hacia adelante. Cualquier acto de corrupción conocido hasta ahora es menor en comparación con lo acontecido con nuestra deuda externa. Primero deberíamos enjuiciar a los responsables locales y luego a los distintos actores extranjeros que participaron de este endeudamiento ilícito. Se estima que un reclamo ante el FMI rondaría los $ 314.364 millones de dólares (Ver artículo del Diario Perfil titulado “Estudian pedir al FMI una indemnización por avalar la deuda de gobiernos de facto”).

No estoy diciendo que deberíamos ir hacia un default unilateral. Estoy diciendo que se pague lo que realmente se debe.

Se puede corromper a funcionarios de gobierno, a legisladores, a jueces, pero no se puede corromper a 40 millones de personas. El primer paso es abrir los ojos, enterarse. El segundo es dejar de lado la idea de que nuestro futuro está en manos de otros, que nosotros no podemos hacer nada. Si queremos, podemos.

Lucas Ignacio Larumbe

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